La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma a la Ley Electoral de San Luis Potosí que estableció un periodo de 20 días para las precampañas de todos los cargos de elección popular, además de reducir el tiempo disponible para que los aspirantes independientes reunieran el respaldo ciudadano necesario para obtener una candidatura.
Por mayoría de votos, el Pleno invalidó las modificaciones aprobadas por el Congreso estatal y publicadas en agosto de este año, durante la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La controversia llegó al máximo tribunal mediante una acción de inconstitucionalidad promovida por Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena. A la impugnación también se adhirió Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del Comité Nacional del partido político SOMOS, aunque su participación fue desechada por falta de legitimación activa.
La ministra María Estela Ríos González, encargada del proyecto, sostuvo que establecer un mismo periodo de 20 días para las precampañas de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos no considera las diferencias territoriales, organizativas y representativas de cada proceso electoral.
A su juicio, la homologación de los plazos carece de razonabilidad, pues las condiciones para competir por una candidatura en toda una entidad federativa no son equivalentes a las de un distrito electoral o un municipio.
La reforma imponía obstáculos a candidaturas independientes
Uno de los argumentos centrales durante la discusión fue el impacto de la reforma en quienes buscan competir sin el respaldo de un partido político.
El ministro Arístides Guerrero García señaló que reducir de 40 a 20 días el periodo para reunir apoyos ciudadanos podía representar un obstáculo significativo para los aspirantes independientes a la gubernatura.
Explicó que, considerando una lista nominal de aproximadamente 2.3 millones de personas y el requisito de obtener el respaldo del 2 por ciento, un aspirante tendría que conseguir alrededor de 46 mil firmas.
Con el plazo anterior, esto representaba reunir aproximadamente mil 150 firmas diarias. Sin embargo, con la reducción a 20 días, la exigencia aumentaba a cerca de 2 mil 300 apoyos diarios.
El ministro Irving Espinosa Betanzo consideró que la disposición debía analizarse bajo un escrutinio estricto, debido a que podía restringir un derecho reconocido constitucionalmente. También cuestionó que las restricciones fueran establecidas por legisladores que accedieron a sus cargos mediante candidaturas partidistas y que, posteriormente, fijaron condiciones para quienes buscan competir de manera independiente.
La diferencia territorial, argumento central de la Corte
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, recordó que antes de la reforma los periodos de precampaña eran distintos: 40 días para la gubernatura y 25 días para diputaciones y ayuntamientos.
Indicó que la invalidez se sustentó en la decisión de establecer un plazo uniforme sin considerar la extensión territorial y las características de cada elección.
El ministro señaló que realizar actividades de precampaña en toda una entidad federativa implica condiciones diferentes a las de un municipio o un distrito electoral, por lo que no resulta razonable imponerles exactamente el mismo periodo.
Yasmín Esquivel votó en contra
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa manifestó su desacuerdo con el proyecto y votó en contra de declarar inconstitucional la reforma.
Argumentó que las entidades federativas cuentan con libertad de configuración legislativa para determinar la duración de los periodos de precampaña, siempre que respeten los límites constitucionales.
También sostuvo que la Constitución no establece una exigencia de temporalidad diferenciada para cada cargo y que la Suprema Corte no debería imponer criterios sobre cuáles tendrían que ser las duraciones específicas de las precampañas en cada entidad.
Con esta resolución, la SCJN invalidó las disposiciones que establecían la homologación de los plazos en la legislación electoral potosina, al considerar que la medida no atendía las diferencias entre los procesos electorales y podía dificultar la participación de las candidaturas independientes.


